En Tumaco, las comunidades étnicas lideran jornadas históricas de erradicación voluntaria junto al Gobierno Nacional

Más de 500 personas participaron en una minga territorial en Llorente, Nariño, en un proceso que articula erradicación voluntaria, entrega de tierras y fortalecimiento de economías legales, con el acompañamiento del presidente Gustavo Petro.

En el predio El Remanzo, corregimiento de Llorente, municipio de San Andrés de Tumaco, las comunidades indígenas del Pacífico nariñense, sus autoridades tradicionales y entidades del Gobierno Nacional protagonizaron dos jornadas históricas orientadas a consolidar la transición hacia economías legales y sostenibles.

El 22 de enero, más de 500 personas participaron en una minga territorial de erradicación voluntaria, liderada por la ORIPAP, el resguardo Piguambi Palangana y la Guardia Indígena. Durante la jornada se avanzó en la erradicación de 30 hectáreas de cultivos de uso ilícito, en un ejercicio colectivo que reafirma el compromiso de las comunidades con la protección de la selva, el territorio y el futuro de sus familias.

Al día siguiente, el 23 de enero, este proceso se fortaleció con la entrega de títulos de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un acto protocolario acompañado por el presidente Gustavo Petro, autoridades indígenas y representantes del Gobierno Nacional. La formalización de la propiedad rural consolida el acceso a derechos y brinda condiciones estructurales para el desarrollo de proyectos productivos sostenibles.

La directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), Gloria Miranda, destacó que estos avances demuestran que la paz territorial se construye con hechos concretos: tierra, proyectos productivos, acompañamiento institucional y voluntad colectiva.

En Tumaco, más de 22.000 familias han decidido avanzar por la ruta de la sustitución voluntaria, evidenciando que el diálogo, el cumplimiento y la presencia integral del Estado permiten transformar realidades históricamente marcadas por la violencia y la economía ilícita.

La articulación entre la DSCI, la ANT, la ART, la Gobernación de Nariño y las autoridades étnicas ratifica un modelo de intervención que reconoce la autonomía de los pueblos, fortalece la organización comunitaria y promueve una economía legal en armonía con el entorno.

Nariño avanza hacia la erradicación total de los cultivos ilícitos en el departamento, consolidando un proceso que combina derechos sobre la tierra, oportunidades productivas y construcción de paz desde el territorio.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la sustitución voluntaria y con las comunidades que han decidido transformar su historia con dignidad, legalidad y trabajo colectivo.

Con dignidad cumplimos.